La violencia en la noche puntana y la necesidad de regular la seguridad privada
Desde la muerte de Matías Auderut se intensificaron los controles en los bares y locales bailables, pero aseguran que no es suficiente para sanear los problemas. Señalan que la solución de fondo es la reglamentación de una ley provincial. También advierten que “en San Luis tenemos un Cromañón latente”.
En las últimas semanas se han denunciado diferentes casos de violencia por parte del personal de seguridad de los boliches. A fines de junio el joven Martín Luján publicó en su perfil de facebook que patovicas de un local le propinaron una paliza y le robaron dinero.
El joven Agustín Ejarque recibió una patada en la cabeza, mientras bailaba con una chica. El golpe le provocó un traumatismo encéfalo craneal.
El caso más resonante fue la muerte de Matías Auderut (30), que falleció a principios de este año tras agonizar varios días en terapia intensiva como consecuencia de una paliza que recibió a metros del bar Say No More.
En ese sentido elchorrillero.com consultó al presidente de la cámara de Bares y Discos, Diego Astudillo, y el delegado Regional de la Unión de Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra), Ernesto Carini.
“Luchamos por una nueva ordenanza”
Astudillo dijo que a nivel municipal rige una ordenanza sancionada en 2016, que otorga un marco regulatorio a las empresas destinadas al rubro. Las mismas se ven instadas a estar debidamente certificadas y el personal de cada compañía debe capacitarse.
Actualmente en San Luis están habilitadas tres empresas, y hay otra que se encuentra en proceso de autorización. Estadísticamente se registró un total de 1900 trabajadores y se estima un total de 400 que se desempeñan de forma irregular.
El personal no depende de los boliches, sino que su labor está tercerizada, aunque pueden recibir indicaciones por parte de los empresarios. Su función es la prevención dentro de los locales, pero por “una cuestión de sentido común” si hay disturbios afuera, intervienen hasta que llega la Policía.
“Nosotros les pedimos que traten de sacar a la gente que ocasiona problemas, pero a veces es complicado, la gente suele estar en estado de ebriedad, o han consumido sustancias prohibidas y hay que reducirlos, eso nunca es bueno pero no queda otra opción”, sostuvo.
Uno de los problemas que suele presentarse de acuerdo a Astudillo, es que hay eventos privados que se hacen en salones, donde contratan “amigos grandotes”, que no tienen una formación adecuada para actuar ante cualquier inconveniente.
En ese sentido, los bolicheros buscan una legislación que le de un marco regulatorio a la actividad. “Nosotros luchamos por una nueva ordenanza, hay muchos lugares nocturnos y la ordenanza actual está vetusta”, expresó.
Esta iniciativa, que ya se encuentra en proceso, no sólo alcanzaría al personal de seguridad, sino también a otros aspectos que hacen al orden como los horarios de cierre de los locales bailables, para evitar la concreción de los “after”.
Los aspectos legales del rubro de la Seguridad
Carini describió que actualmente el trabajo del sector no está normalizado en la provincia y ese aspecto genera huecos en los que contratan a personas que no están capacitadas para conformar el rol de prevención.
Además muchos están en negro y cobran $500 la noche.
“La actividad no está regulada. Hablar hoy de protocolos a la hora de conflictos es complicado, sí se puede decir que hay un plan de trabajo establecido enmarcado en lo que se implementa desde la Ley Nacional de Seguridad Privada; si bien muchas provincias han legislado el rubro, en San Luis no sucede lo mismo”, explicó.
Un marco jurídico permitiría no sólo la organización, sino que daría lugar a la aplicación de obligaciones cómo la capacitación del personal, que es indispensable (muchas veces tienen que tomar decisiones como el uso del gas pimienta).
Por otra parte remarcó que si bien para el caso puntano la ordenanza del 2016 obliga capacitar al personal de las empresas de seguridad, sucede que la formación suele ser “deficiente”.
“Cuando se pretende preparar a alguien no se puede hacer en un curso de 10 horas, menos para formar a una persona que tiene que defenderse, saber como resolver un conflicto evitando desmanes, entre otras cosas”, indicó.
La falta de un ente contralor
Según Carini la existencia de una legislación generaría la posibilidad de que una oficina específica se encargue del control de las empresas y los trabajadores.
Actualmente las compañías dedicadas a la seguridad se rigen por convenios policiales: “Al no tener un ente regulador, nos encontramos con lo que tenemos hoy, gente que no sabe lo que está haciendo, que lo hace por necesidad”.
El gremialista se reservó de opinar sobre la situación actual donde los jóvenes han denunciado a algunos patovicas por agresiones, pero reflexionó advirtiendo que “tendríamos que empezar a ver la cantidad de trabajadores lesionados”.
“En Picasso hace poco le rompieron un vaso en la cara a un vigilador. No tuvo contención médica, ni psicológica, ni legal (…) lo que buscamos es una realidad que necesita la sociedad plena”, agregó.
Para que se aplique una normativa sólo se requiere la reglamentación de una ley sancionada en 2008, por lo que Carini sostiene que todo se trata de una “decisión política”.
La realidad detectada en los relevamientos
Según comentó Carini, en uno de los últimos relevamientos del sindicato se accedió a información preocupante. En algunos grupos que se han desempeñado de modo irregular, pudieron advertir trabajadores que “tenían pedidos de captura de provincias vecinas”.
“Hay otros casos como en el área de seguridad del municipio, que poseen exhortación de las fuerzas de seguridad y ocupan roles aunque por ley esté prohibido que conformen cargos del área en el ámbito estatal”,
Estos aspectos, sumado al hueco legal que provoca la falta de una ley, preocupan a los trabajadores de seguridad.
“En San Luis tenemos un Cromañón latente. Hay lugares donde hacen ingresar a 3 mil personas y sólo hay 20 vigiladores para cubrir el espectáculo, no se puede contener a esa cantidad de gente en un problema (…) hay personal que no está preparado para una contención en incendios, una evacuación, primeros auxilios”, expresó.
“No se han preocupado de este gran problema que estamos pateando, que escondamos la basura debajo de la alfombra no quiere decir que no exista, tanto en el orden provincial como municipal deberían estar tomando cartas en el asunto”, concluyó.